viernes, 7 de septiembre de 2007

EXPONEN SOBRE SECRETOS MILITARES

CC resolverá último recurso de Ríos Montt sobre documentos clasificados
Por: Prensa Libre

Decenas de personas asistieron a la vista pública, donde las partes expusieron su argumento sobre la desclasificación de cuatro archivos militares. (Foto PL: Mario Linares).


La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), la defensa del general Efraín Ríos Montt y el Ministerio Público expusieron ayer sus argumentos para que la CC determine sobre la desclasificación de cuatro planes militares ejecutados en los años 1980.

Durante la vista pública efectuada en la Corte de Constitucionalidad (CC), unas 100 personas de diferentes grupos sociales y de sobrevivientes se hicieron presentes para apoyar la solicitud de desclasificar los documentos, donde se establecen las prácticas militares durante el conflicto armado.

Grupos sociales pretenden que salga a luz pública el contenido de los planes Campaña Sofía 82, Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Ixil, los cuales contienen datos que pueden ayudar en la investigación de las masacres cometidas por el Ejército durante el gobierno de Ríos Montt.

Prensa Libre publicó el 18 de marzo del 2007 fragmentos del Plan Sofía, que da detalles de las incursiones militares en el área Ixil.

Argumentos

Los abogados Luis Rosales, ex procurador general de la Nación, y Francisco Palomo, actuaron como defensores de Ríos Montt y solicitaron que no se desclasifiquen aquellos planes.

“Si se accede a la petición, el ministro de la Defensa estaría incurriendo en los delitos de violación y revelación de secretos y violación a la Constitución Política. y el juez también incurriría en resoluciones violatorias a la Constitución”, aseveró Palomo.

Alejandro Rodríguez, abogado de la AJR, pidió que se confirmen las resoluciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y de la Sala Primera de Apelaciones, sobre la autorización para hacer público el contenido de los planes.

Silvia Guadalupe Dubón, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, pidió a la CC que se resuelva conforme a Derecho.

Los representantes de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, quienes llevan el caso, no se presentaron a la audiencia.

La CC no tiene fecha específica para resolver, pero hoy será designado un magistrado para que redacte la ponencia y analice los argumentos expuestos por las partes.

Sobreviviente: “Nosotros somos la prueba”

Antonio Caba Caba, sobreviviente del conflicto armado interno, manifestó que ellos son la prueba fehaciente de las masacres perpetradas en esa época.

Añadió: “Dicen que no hubo genocidio, cuando nosotros vimos cuando los integrantes del Ejército entraron a las comunidades y mataron a sus habitantes. Si estamos aquí es un puro milagro”.

Aseguró que el general Efraín Ríos Montt no llegó directamente a los lugares, pero sí ordenó las masacres.

Infringe Carta Magna

Según la defensa de Efraín Ríos Montt, conocer el contenido de los planes militares ejecutados durante el conflicto armado infringe el artículo 30 de la Constitución Política de la República, el cual estipula que estos archivos son “secreto militar”.

“La publicidad de los actos administrativos tiene sus excepciones, principalmente cuando son asuntos militares, diplomáticos o de la defensa. Además, no le corresponde ni al Estado Mayor de la Defensa ni a un juez decir si se pueden o no desclasificar”, expuso el abogado Francisco Palomo, durante la audiencia.

Añadió que la única autoridad que podría desclasificarlos es la persona que les otorgó esa categoría.

Quieren la verdad

Alejandro Rodríguez, abogado de la Asociación para la Justicia y Reconciliación, ante los magistrados de la CC, expuso: “Lo que se pretende es impedir que se investigue el genocidio ordenado por Efraín Ríos Montt y que se conozca la verdad”.

Añadió: “No podemos esconder las atrocidades cometidas durante el conflicto armado. Las víctimas tienen derecho de conocer la verdad”.

Explicó que el secreto militar no debe ser un medio para la impunidad, pues el ministro de la Defensa de esa época debió acreditar por qué esos archivos son secreto militar.

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